Ciudad de México.– El Gobierno de México anunció la presentación de una iniciativa de Ley General para la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar este delito en todo el país, endurecer las penas y establecer criterios claros para su investigación.
La propuesta, que será enviada al Congreso, fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó la necesidad de fortalecer el marco legal frente a una problemática que afecta a miles de mujeres en el país.
La fiscal general, Ernestina Godoy, explicó que el proyecto fue elaborado en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y busca ofrecer una respuesta estructural ante la violencia feminicida. Según detalló, la iniciativa define nueve razones de género para tipificar el feminicidio, entre ellas signos de violencia sexual, antecedentes de maltrato, relaciones de poder, incomunicación de la víctima o la exposición de su cuerpo.
Penas más altas y nuevos agravantes
La iniciativa contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión para quienes cometan feminicidio, así como sanciones para la tentativa que podrían alcanzar hasta dos terceras partes de la pena máxima.
Además, incorpora 21 agravantes, incluyendo casos en los que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, tenga alguna discapacidad, pertenezca a comunidades indígenas o afrodescendientes, o cuando el crimen ocurra frente a sus hijos.
Investigación obligatoria con perspectiva de género
Uno de los puntos clave del proyecto es la homologación de protocolos de investigación, estableciendo que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el inicio como feminicidio. La iniciativa también exige la aplicación obligatoria de perspectiva de género y mecanismos que eviten interrupciones en los procesos.
El delito será perseguido de oficio, no prescribirá y, en caso de condena, el responsable perderá derechos como la patria potestad, tutela y sucesión respecto a la víctima.
Apoyo integral a víctimas y familiares
Por su parte, Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, destacó que el impacto del feminicidio va más allá de la víctima directa, afectando profundamente a sus familias, especialmente a hijos e hijas.
En este sentido, la propuesta incluye medidas de atención integral para víctimas directas e indirectas, como asistencia médica, psicológica y jurídica gratuita, además de garantizar reparaciones que sean rápidas, efectivas y proporcionales al daño causado.
Protección de la dignidad de las víctimas
El proyecto también prohíbe la difusión de imágenes de las víctimas en medios de comunicación y plataformas digitales, y plantea la creación de una comisión especial para supervisar la implementación de la ley y promover campañas permanentes contra la violencia feminicida.
Finalmente, la presidenta Sheinbaum expresó confianza en que la iniciativa obtenga respaldo en el Congreso, al considerar que se trata de una medida necesaria para garantizar justicia y protección para las mujeres en México.