San Juan — Miles de personas se movilizaron este fin de semana en distintas ciudades de Puerto Rico para protestar contra la junta de supervisión fiscal creada hace una década bajo la ley PROMESA, a la que califican como una “dictadura” que limita la autonomía democrática del territorio.
Las manifestaciones, encabezadas por organizaciones sindicales, estudiantiles y grupos comunitarios, tuvieron su mayor concentración en la capital, San Juan, donde los asistentes denunciaron el impacto de las políticas de austeridad implementadas por la junta. Entre consignas y pancartas, los manifestantes exigieron la eliminación del ente fiscal y reclamaron mayor control local sobre las decisiones económicas.
La junta de supervisión fiscal fue establecida en 2016 por el Congreso de Estados Unidos como respuesta a la profunda crisis de deuda de la isla. Su misión principal ha sido reestructurar las finanzas públicas y supervisar los presupuestos del gobierno puertorriqueño. Sin embargo, críticos sostienen que sus decisiones han provocado recortes en servicios esenciales, reducción de pensiones y aumentos en el costo de vida.
“Han pasado diez años y seguimos bajo un sistema que no elegimos. Esto no es democracia”, expresó una de las manifestantes durante la marcha. Otros participantes señalaron que, aunque la junta ha logrado avances en la reestructuración de la deuda, el costo social ha sido demasiado alto para la población.
Por su parte, defensores de la junta argumentan que su intervención ha sido necesaria para estabilizar la economía del territorio y recuperar la confianza de los mercados financieros. Aseguran que sin estas medidas, la crisis fiscal habría tenido consecuencias aún más graves.
Las protestas se desarrollaron en su mayoría de manera pacífica, aunque se reportaron cierres de vías principales y una fuerte presencia policial en zonas clave. Líderes comunitarios advirtieron que continuarán las movilizaciones hasta que se atiendan sus demandas.
El debate sobre el futuro de la junta fiscal sigue siendo uno de los temas más controversiales en Puerto Rico, reflejando tensiones persistentes entre la necesidad de estabilidad económica y las aspiraciones de autogobierno de sus ciudadanos.