San Juan, 27 dic .— Una creciente movilización de activistas feministas en Puerto Rico enfrenta lo que consideran una seria amenaza al derecho al aborto, tras la decisión de la gobernadora Jenniffer González de convertir en ley una medida que reconoce al no nacido como persona natural.
Alondra del Mar Hernández, abogada afrofeminista e integrante de Aborto Libre Puerto Rico, advirtió en declaraciones a EFE que la nueva legislación “se convertirá en una herramienta de manipulación que, particularmente los hombres, van a utilizar en contra de las mujeres”.
La jurista ve en la norma un claro indicio de “criminalización”. La ley enmienda el Código Civil de Puerto Rico para aclarar que el ser humano en gestación —o nasciturus— es considerado persona natural desde cualquier etapa del embarazo dentro del útero.
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó en junio de 2022 la histórica sentencia que garantizaba el derecho al aborto desde 1973, se han presentado múltiples proyectos para limitarlo en la isla, aunque ninguno había prosperado hasta ahora. Expertos subrayan que, aunque bajo la Constitución federal el aborto ya no es un derecho fundamental, en Puerto Rico —Estado Libre Asociado a EE.UU.— está protegido por el derecho constitucional a la intimidad.
Hernández explicó que, con esta medida impulsada por senadores conservadores, el no nacido “podría convertirse en beneficiario de derechos laborales y patrimoniales, como donaciones”, lo que ampliaría su impacto legal.
Patricia Otón, también abogada y miembro de Aborto Libre Puerto Rico, denunció que la ley fue aprobada “de manera apresurada, sin vistas públicas”, y alertó que afecta “múltiples áreas del derecho sin haber sido debidamente estudiada”.
Otón señaló que legislaciones similares existen en varios estados de EE.UU. con leyes restrictivas sobre el aborto, como Georgia, Ohio y Texas, donde se reconoce personalidad jurídica al no nacido.
En el ámbito político local, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, criticó que la norma busca “añadir un tramo más al camino que conduce a la ilegalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su vida”.
Antes de la firma de la ley, más de 320 médicos y profesionales de la salud de Puerto Rico pidieron públicamente a la gobernadora que vetara el proyecto, al considerar que representa “un riesgo para la vida de mujeres y personas gestantes” por posibles retrasos en decisiones médicas urgentes. En una carta, alertaron sobre consecuencias graves en casos como embarazos ectópicos, hemorragias severas o diagnósticos de cáncer en etapas tempranas del embarazo.
Aunque el aborto continúa siendo legal en la isla, Hernández subrayó que su acceso es limitado por los altos costos y la escasez de clínicas: solo existen cuatro y todas se concentran en el área metropolitana.
Por su parte, Mayra Díaz, directora del colectivo antirracista Colectivo Ilé, sostuvo que las condiciones para gestar y parir en Puerto Rico son “terribles”. Denunció la falta de salas de parto en numerosos municipios, incluidos territorios como Vieques, y señaló altos niveles de violencia obstétrica.
Este tipo de violencia —definida como agresiones físicas y psicológicas durante el parto o el posparto— fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde 2014.
Díaz lamentó que, pese a las múltiples áreas donde podría legislarse para proteger la vida, “se opte por seguir criminalizando a las personas con capacidad de gestar”.