Ottawa — El gobierno de Canadá ha endurecido su postura migratoria y advirtió que podría deportar a decenas de miles de migrantes en situación irregular hacia Estados Unidos, en medio de crecientes presiones sobre su sistema de asilo y control fronterizo.
La medida se produce en un contexto de aumento sostenido de cruces irregulares y solicitudes de refugio, lo que ha llevado a las autoridades canadienses a reforzar sus políticas migratorias. Datos recientes muestran que Canadá ya ha incrementado significativamente las deportaciones y los retornos de solicitantes de asilo hacia Estados Unidos bajo acuerdos bilaterales vigentes.
Uno de los pilares de esta política es el Acuerdo de Tercer País Seguro, que establece que los migrantes deben solicitar asilo en el primer país seguro al que llegan. En la práctica, esto ha permitido a Canadá devolver a miles de solicitantes a territorio estadounidense, una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años.
Además, nuevas leyes aprobadas en 2026 han ampliado las capacidades del gobierno canadiense para controlar la inmigración y acelerar procesos de deportación, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
Expertos advierten que esta política podría tener importantes repercusiones humanitarias, especialmente si los migrantes deportados enfrentan procesos de expulsión desde Estados Unidos hacia terceros países. En los últimos meses, Washington ha intensificado sus propios programas de deportación, incluyendo acuerdos con otros países para recibir migrantes expulsados.
La situación también refleja una creciente presión regional en América del Norte, donde las políticas migratorias más estrictas están redefiniendo los flujos de personas entre ambos países. En particular, el endurecimiento de las medidas en Estados Unidos ha llevado a muchos migrantes a intentar cruzar hacia Canadá, generando un efecto dominó en la frontera norte.
Por ahora, las autoridades canadienses no han detallado un calendario específico para estas deportaciones masivas, pero han dejado claro que buscan reforzar el control migratorio y garantizar la sostenibilidad de su sistema de asilo.
La evolución de esta política será clave en los próximos meses, en un contexto marcado por tensiones migratorias, debates sobre derechos humanos y una creciente coordinación —y fricción— entre Ottawa y Washington.