LOS ÁNGELES, California. — Una nueva controversia electoral enfrenta al gobierno del presidente Donald Trump con las autoridades de California, luego de que funcionarios del condado de Los Ángeles identificaran importantes inconsistencias en una lista de aproximadamente 20.000 personas que el Departamento de Justicia considera posibles no ciudadanos inscritos para votar.
El conflicto ocurre a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y ha provocado una disputa judicial sobre los límites de la autoridad federal, la seguridad electoral y la protección del derecho al voto.
Según documentos judiciales presentados el martes 20 de octubre, una revisión preliminar de 200 registros seleccionados de la lista federal reveló que el 38,9% de aquellos con información significativa sobre su lugar de nacimiento indicaban haber nacido en Estados Unidos, un dato que constituye un fuerte indicio de ciudadanía.
Además, aproximadamente el 71,2% de los registros examinados no presentaba historial de votación, mientras que 112 correspondían a inscripciones canceladas o inactivas.
Estos hallazgos no permiten determinar cuántas personas de la lista completa son ciudadanos estadounidenses, pero generan dudas sobre la precisión de los datos utilizados por las autoridades federales.
Departamento de Justicia exige verificar miles de votos
La controversia comenzó cuando el Departamento de Justicia, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), identificó a más de 20.000 personas que, según su análisis preliminar, podrían no tener ciudadanía estadounidense y aparecer inscritas en los registros electorales de California.
El gobierno federal solicitó a las autoridades estatales revisar la ciudadanía de estas personas y separar las boletas asociadas a quienes no pudieran demostrar su elegibilidad, mientras se completaban las verificaciones correspondientes.
La administración Trump sostiene que estas medidas son necesarias para impedir la participación electoral de personas que no cumplen los requisitos establecidos por la legislación federal.
En su comunicado oficial, el Departamento de Justicia explicó que sus investigadores compararon registros públicos de inscripción electoral con información migratoria federal.
Sin embargo, las autoridades californianas cuestionan tanto la metodología como la exactitud de los resultados.
Los Ángeles encuentra inconsistencias en la lista federal
La funcionaria electoral Monica Flores, del Registro del Condado de Los Ángeles, presentó una declaración judicial en la que detalló los resultados iniciales de la revisión.
De los aproximadamente 20.000 nombres proporcionados por las autoridades federales, únicamente 7.035 correspondían a direcciones del condado de Los Ángeles, y entre los registros también se identificaron duplicados.
El análisis de una muestra de 200 personas encontró tres elementos especialmente relevantes:
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El 38,9% de los registros con información significativa sobre nacimiento indicaba un lugar de nacimiento dentro de Estados Unidos.
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Aproximadamente siete de cada diez registros examinados no tenían historial de participación electoral.
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Más de la mitad de la muestra correspondía a inscripciones canceladas o inactivas.
Las autoridades locales subrayaron que se trata de resultados preliminares y que el análisis continúa sujeto a controles de calidad.
El hecho de que una persona aparezca en una lista de posibles no ciudadanos no demuestra, por sí solo, que haya cometido fraude electoral. Tampoco la ausencia de historial de votación determina su situación migratoria.
California advierte sobre posible privación del derecho al voto
El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó argumentos ante un tribunal federal para impedir que se obligue al estado a separar miles de boletas basándose en información cuya fiabilidad está cuestionada.
Bonta considera que las solicitudes federales carecen de fundamentos suficientes para justificar una intervención extraordinaria en el proceso electoral.
La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, también ha rechazado las acusaciones de que las autoridades estatales permitan deliberadamente la participación de personas sin ciudadanía.
Los representantes del estado sostienen que ya existen procedimientos legales para investigar registros individuales y determinar si una persona reúne los requisitos para votar.
También argumentan que las modificaciones masivas de los registros electorales tan cerca de una elección pueden entrar en conflicto con las protecciones federales contra depuraciones sistemáticas durante los 90 días previos a una votación federal.
El tribunal deberá evaluar las solicitudes y los argumentos de ambas partes.
Gobierno federal anuncia cargos contra 28 residentes permanentes
En medio de la controversia, el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra 28 residentes permanentes legales acusados de delitos relacionados con registros electorales o participación indebida en elecciones federales.
Los acusados son titulares de tarjetas de residencia permanente, conocidas como green cards, pero no ciudadanos estadounidenses.
La ley federal generalmente prohíbe votar en elecciones federales a quienes no poseen ciudadanía, incluso si cuentan con residencia legal.
Las autoridades federales consideran que estos casos respaldan la necesidad de revisar los registros electorales.
Sin embargo, los cargos contra 28 personas no demuestran que los aproximadamente 20.000 nombres incluidos en la lista correspondan a votantes inelegibles.
Las acusaciones penales tampoco equivalen a condenas y deben resolverse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
¿Qué significa esta controversia para los inmigrantes?
El enfrentamiento ha generado preocupación sobre las consecuencias que pueden enfrentar residentes permanentes y ciudadanos naturalizados ante posibles errores en los registros electorales.
Es importante distinguir tres situaciones legales:
Ciudadanos estadounidenses: Las personas que adquieren la ciudadanía por nacimiento o naturalización y cumplen los demás requisitos legales pueden participar en elecciones federales.
Residentes permanentes: Tener una tarjeta de residencia no concede el derecho a votar en elecciones federales.
Personas sin ciudadanía: Independientemente de su situación migratoria, generalmente no pueden votar en elecciones federales.
Los expertos advierten que una identificación incorrecta de ciudadanos como personas inelegibles podría afectar el ejercicio de sus derechos electorales.
Al mismo tiempo, las autoridades tienen la responsabilidad de investigar posibles infracciones individuales y garantizar el cumplimiento de las leyes.
Una disputa con consecuencias para las elecciones de noviembre
El conflicto entre California y la administración Trump llega en un momento de intensa competencia política por el control del Congreso.
California cuenta con más de 23 millones de personas registradas para votar, y varios distritos congresionales presentan contiendas que podrían influir en la composición de la Cámara de Representantes.
El resultado del litigio podría establecer criterios importantes sobre la capacidad del gobierno federal para exigir verificaciones extraordinarias de ciudadanía y sobre las garantías que deben respetarse antes de impedir el procesamiento de una boleta.
Mientras el Departamento de Justicia insiste en la necesidad de prevenir votos ilegales, California reclama que cualquier intervención esté sustentada en pruebas verificables y respete los derechos constitucionales de los ciudadanos.
La cuestión central continúa sin resolverse: ¿puede el gobierno federal exigir la separación de miles de votos basándose en una lista preliminar cuya precisión está siendo cuestionada?
La respuesta dependerá de los tribunales y podría tener repercusiones más allá de California.