En Venezuela, el Gobierno del Dictador Nicolás Maduro enfrenta nuevas críticas por presuntamente impulsar el armamento y fortalecimiento de grupos civiles en barrios populares, una estrategia que, según organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, busca consolidar el control territorial y disuadir protestas en medio de la crisis política y social.
Diversos informes y testimonios apuntan a la actuación de los llamados colectivos, organizaciones afines al oficialismo que operan principalmente en zonas urbanas de Caracas y otras ciudades. Estos grupos, que el Gobierno define como “organizaciones comunitarias de defensa”, han sido señalados por ejercer funciones de vigilancia, control y, en algunos casos, represión contra manifestantes y vecinos críticos del poder.
Denuncias y preocupaciones internacionales
Organizaciones no gubernamentales y activistas sostienen que en los últimos meses se ha intensificado la presencia de estos colectivos en barrios estratégicos, presuntamente con acceso a armas y coordinación con fuerzas de seguridad del Estado. Para los críticos, esta dinámica aumenta el riesgo de violencia y profundiza la militarización de la vida cotidiana en comunidades ya golpeadas por la pobreza, la inflación y la inseguridad.
Desde el ámbito internacional, voces de preocupación han advertido que el uso de actores civiles armados puede vulnerar estándares básicos de derechos humanos y agravar la tensión social. En pronunciamientos recientes, expertos han subrayado que delegar funciones de seguridad en grupos partidistas erosiona la institucionalidad y dificulta la rendición de cuentas.
La posición del Gobierno
El Ejecutivo venezolano rechaza estas acusaciones y asegura que no arma a civiles. Funcionarios sostienen que los colectivos cumplen labores sociales, culturales y de organización comunitaria, y que cualquier acción de seguridad corresponde exclusivamente a los cuerpos oficiales. Según el Gobierno, las denuncias forman parte de una campaña para deslegitimar a las autoridades y justificar presiones externas.
No obstante, declaraciones pasadas del propio Maduro sobre la “defensa popular” y la “unión cívico-militar” han alimentado la percepción de que existe una estrategia para involucrar a bases sociales organizadas en tareas de control territorial, especialmente en contextos de protesta.
Impacto en los barrios
Para los habitantes de las zonas populares, la situación genera sentimientos encontrados. Algunos vecinos afirman sentirse protegidos ante la delincuencia, mientras otros denuncian intimidación, restricciones a la libertad de expresión y miedo a represalias por expresar opiniones contrarias al oficialismo.
Analistas coinciden en que, más allá del debate político, el fortalecimiento de grupos armados no estatales en áreas densamente pobladas eleva el riesgo de enfrentamientos y abusos, y podría tener consecuencias duraderas para la cohesión social.
Un escenario de tensión creciente
El tema del presunto armamento de barrios se suma a un contexto marcado por sanciones internacionales, disputas electorales y una profunda crisis económica. A medida que se acercan decisiones clave en el ámbito político, el control de los territorios urbanos aparece como un factor central para el Gobierno de Maduro y como una fuente de alarma para sus críticos.
Mientras tanto, organizaciones civiles insisten en la necesidad de investigaciones independientes y garantías para la población, advirtiendo que la estabilidad no puede construirse —dicen— sobre el miedo ni la fuerza armada en manos de actores no institucionales.