Ciudad de México, 27 dic (Noticias.News | Exclusivo).— Autoridades federales y del estado de Sonora anunciaron este viernes un plan integral de justicia ambiental para remediar los daños a la salud y al medio ambiente provocados por el derrame de desechos tóxicos ocurrido en agosto de 2014 en la mina Buenavista del Cobre, que contaminó el Río Sonora y sus afluentes.
En un comunicado, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que las acciones buscan garantizar justicia social, acceso a un entorno natural sano y atención médica especializada para las comunidades afectadas, tras uno de los mayores desastres ambientales de la minería en México.
Durante un acto en el Palacio de Gobierno de Sonora, Bárcena detalló que desde 2024 se sostuvieron reuniones con habitantes de las localidades impactadas para recoger sus demandas, lo que derivó en un plan estructurado en tres ejes: salud, agua potable y remediación ambiental.
Salud: nuevo hospital y vigilancia toxicológica
En el eje sanitario, el director de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que se construirá y equipará el Hospital Regional de Ures, con residencia médica, atención toxicológica y una Unidad de Vigilancia Epidemiológica para dar seguimiento a la población potencialmente expuesta.
El hospital contará con 21 consultorios de especialidad, 60 camas, área de cuidados intensivos y laboratorio para análisis de metales pesados.
Agua potable: plantas y monitoreo permanente
En materia hídrica, el director general de Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, anunció la construcción de 16 plantas potabilizadoras, la instalación de 16 sistemas de desinfección, la adecuación de cuatro de las seis plantas existentes y un monitoreo permanente de la calidad del agua para consumo humano.
Remediación ambiental: suelos y sedimentos
Sobre la restauración ecológica, Bárcena precisó que se aplicarán medidas técnicas para reducir los contaminantes a niveles seguros, mediante la caracterización y análisis de suelos y sedimentos en las zonas afectadas de la cuenca del Río Sonora. “No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, subrayó.
Durante el evento, autoridades dialogaron con representantes de comunidades como Arizpe, Banámichi, Aconchi, Baviácora y Ures, para explicar los siguientes pasos del proceso.
El gobernador Alfonso Durazo destacó la coordinación intergubernamental para atender los impactos sociales y ambientales derivados del derrame.
Por su parte, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez informó que el Gobierno federal administrará un fondo de 1.500 millones de pesos (unos 83,8 millones de dólares) para financiar el hospital, el acceso al agua potable y el plan de justicia ambiental, tras un acuerdo con Grupo México.
El antecedente
De acuerdo con Semarnat, el 6 de agosto de 2014 se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora por una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas. El evento afectó a 22.000 habitantes de ocho municipios, dejando metales pesados en los ríos Río Bacanuchi y Sonora, a la altura de Cananea, Huepac, San Felipe de Jesús, Banámichi, Aconchi, Baviácora, Ures y Arizpe.
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