7 de enero de 2026 Noticias.news — El estado de Minnesota se encuentra en el centro de un importante escándalo de fraude relacionado con programas de asistencia social financiados con fondos federales, lo que ha desencadenado investigaciones federales, consecuencias políticas y una respuesta del Gobierno de Estados Unidos.
Según fiscales federales, programas estatales que abarcan desde Medicaid hasta servicios de cuidado infantil y nutrición disfrazaron reclamaciones fraudulentas por miles de millones de dólares. En particular, se ha alegado que aproximadamente la mitad de los 18 mil millones de dólares pagados desde 2018 en reclamos a 14 programas administrados en Minnesota podrían haber sido fraudulentos, incluidas empresas que cobraron fondos sin ofrecer servicios reales.
El escándalo tomó relevancia nacional después de que un caso emblemático durante la pandemia, el de la organización sin fines de lucro Feeding Our Future, resultó ser uno de los mayores fraudes de ayuda alimentaria en Estados Unidos. Más de 50 personas ya fueron condenadas por su participación en ese esquema, que malversó cientos de millones de dólares destinados a alimentar a niños necesitados.
Como respuesta, la Fiscalía federal ha intensificado sus esfuerzos, con decenas de cargos presentados y más acciones en curso. Recientemente, un tribunal ordenó la incautación de bienes de uno de los líderes del fraude, incluyendo un Porsche y otros artículos de lujo. New York Post
La presión política también ha escalado. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció que retirará su candidatura a un tercer mandato para centrarse en enfrentar las investigaciones y restaurar la confianza pública.
A nivel federal, la administración del presidente Donald Trump ha congelado miles de millones en fondos destinados a servicios sociales y cuidado infantil en varios estados, citando preocupaciones sobre el fraude, y ha reforzado operaciones de agencias como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional en Minneapolis.
Las investigaciones han generado un intenso debate sobre el uso de fondos públicos, la eficacia de los controles estatales y el impacto de la desinformación viral en redes sociales, donde algunos contenidos amplificaron acusaciones que aún están siendo verificadas por autoridades competentes.
Este escándalo promete continuar dominando la agenda pública en Minnesota y a nivel nacional, con autoridades legales y políticas bajo presión para cerrar brechas en la supervisión de programas sociales y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.