El Gobierno planea localizar en México, Guatemala y Honduras a inmigrantes con deudas pendientes para exigir el pago de sanciones que, en algunos casos, alcanzan hasta 1,8 millones de dólares.
Por Alex Fermin | Noticias.news
WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos busca ampliar fuera de sus fronteras el cobro de multas impuestas a inmigrantes que recibieron órdenes de deportación o acuerdos de salida voluntaria, incluso cuando estas personas ya abandonaron el país y regresaron a sus naciones de origen.
El plan contempla contratar agencias privadas de investigación para localizar inicialmente a presuntos deudores en México, Guatemala y Honduras. Estas empresas deberán confirmar su identidad, documentar su residencia o lugar de trabajo y notificarles la cantidad que el Gobierno estadounidense asegura que todavía adeudan.
Según una investigación de N+ Univision, los investigadores podrían tomar fotografías de viviendas y centros laborales como parte del proceso de verificación. Las personas localizadas serían dirigidas al portal federal Pay.gov para efectuar los pagos correspondientes.
Las multas no desaparecen automáticamente
La salida de Estados Unidos no necesariamente elimina una multa migratoria ya registrada. Este aspecto ha generado inquietud entre personas que participaron en programas de autodeportación o que regresaron voluntariamente a sus países pensando que sus obligaciones pendientes serían canceladas.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, conocida como CBP, sostiene que respalda las acciones legales destinadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con multas migratorias y otras deudas contraídas con el Gobierno federal.
Hasta julio de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, aseguró haber impuesto más de 84.000 millones de dólares en multas civiles a inmigrantes acusados de no abandonar Estados Unidos después de recibir una orden de salida.
Las sanciones se sustentan en disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que permiten imponer multas a determinadas personas que incumplen deliberadamente una orden final de expulsión o un acuerdo de salida voluntaria.
Multas de hasta 1,8 millones de dólares
Algunas notificaciones enviadas por las autoridades han alcanzado los 1,8 millones de dólares por persona. Los montos pueden acumularse diariamente cuando el Gobierno determina que un inmigrante permaneció en el país después de la fecha establecida para su salida.
El cálculo puede aproximarse a los 1.000 dólares por cada día de incumplimiento. Sin embargo, abogados y organizaciones defensoras de los inmigrantes cuestionan si todas las sanciones fueron evaluadas individualmente y si las personas afectadas recibieron una oportunidad adecuada para impugnarlas.
Los senadores demócratas Alex Padilla y Dick Durbin solicitaron al DHS y al Departamento de Justicia detener lo que consideran una aplicación inadecuada de estas penalidades. Los legisladores afirmaron que algunas multas habrían sido enviadas a beneficiarios de DACA, solicitantes de residencia permanente y sobrevivientes de violencia doméstica o trata de personas con casos migratorios pendientes.
De acuerdo con el comunicado del senador Padilla, hasta mayo se habían emitido más de 65.000 multas por un total superior a 36.000 millones de dólares.
Programa comenzaría en tres países
La búsqueda internacional de los presuntos deudores comenzaría como un programa piloto en México, Guatemala y Honduras, tres de los principales países de origen de inmigrantes que han regresado o han sido deportados desde Estados Unidos.
Las agencias contratadas deberán estar legalmente registradas en territorio estadounidense y demostrar capacidad para localizar personas en esos países. Posteriormente, el programa podría extenderse a otras naciones.
No está claro cómo Estados Unidos podría obligar a una persona que reside en otro país a pagar la deuda ni qué mecanismos judiciales internacionales utilizaría para ejecutar las multas. También existen dudas sobre la autoridad de los investigadores privados para recopilar fotografías y datos personales fuera del territorio estadounidense.
Una política bajo cuestionamiento
La Administración Trump presenta las sanciones como una herramienta para hacer cumplir las leyes migratorias y estimular la salida de quienes carecen de autorización para permanecer en Estados Unidos.
Sus críticos, por el contrario, sostienen que los elevados montos pueden funcionar como una medida de intimidación y que algunas personas habrían recibido multas sin una explicación individual suficiente.
Especialistas recomiendan que quienes reciban una notificación verifiquen cuidadosamente su autenticidad y consulten con un abogado de inmigración autorizado antes de realizar pagos o entregar información personal. Las comunicaciones legítimas deben identificar la agencia responsable, el fundamento de la deuda y los mecanismos disponibles para responder o impugnarla.
La nueva estrategia demuestra que regresar al país de origen no garantiza la eliminación de una deuda migratoria registrada en Estados Unidos. Para miles de inmigrantes, las consecuencias económicas de una orden de deportación podrían continuar mucho después de haber abandonado el territorio estadounidense.