Denver,., 22 de diciembre.— Una juez de inmigración de Estados Unidos ordenó la liberación bajo fianza de la activista mexicana Jeanette Vizguerra-Ramírez, quien permanecía detenida desde hace nueve meses, al concluir que el Gobierno federal no logró justificar legalmente su detención.
La audiencia de fianza se llevó a cabo el pasado 19 de diciembre, luego de que la Corte de Distrito de Estados Unidos para Colorado ordenara un examen de custodia al considerar que la detención de Vizguerra se había prolongado de manera inconstitucional.
En su resolución, la juez Nina Y. Wang señaló que la activista llevaba nueve meses detenida y que, sin una audiencia de fianza “constitucionalmente adecuada”, su encarcelamiento podría haberse extendido por meses o incluso años. Según explicó el equipo legal de Vizguerra, la magistrada identificó serias preocupaciones constitucionales en el caso.
Entre ellas, Wang destacó la posibilidad de que el arresto y la detención estuvieran motivados por represalias relacionadas con el activismo público de Vizguerra, una actividad protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
De acuerdo con información difundida por el Comité de Servicios de Amigos Americanos, el tribunal federal solicitó al Departamento de Seguridad Nacional que presentara pruebas para sustentar la detención, incluyendo demostrar que Vizguerra representaba un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga.
Sin embargo, la defensa aseguró que el Gobierno no logró acreditar ninguno de esos supuestos ante la jueza.
Como resultado, el tribunal ordenó la liberación de Vizguerra bajo una fianza de 5.000 dólares y rechazó imponerle monitoreo electrónico. La familia de la activista confirmó que planea pagar la fianza de inmediato, con el apoyo del Immigrant Freedom Fund, para que sea liberada tan pronto como lo permita el proceso administrativo.
Vizguerra, quien reside en Estados Unidos desde 1997 y es madre de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses, continuará sujeta a procedimientos migratorios mientras permanece en libertad supervisada.
La decisión de conceder la fianza no resuelve las impugnaciones de fondo contra su deportación ni las denuncias por presuntas represalias vinculadas a la Primera Enmienda, las cuales siguen en trámite ante la corte federal.