Ciudad de México, 29 de diciembre.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este lunes a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que aclare la detención del periodista Rafael León Segovia y explique por qué se le imputó el delito de terrorismo, una figura que, subrayó, no tiene precedentes en casos de este tipo en el país.
“No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y, en todo caso, tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum condenó el uso del término terrorismo para acusar al comunicador y aseguró que “nunca” se han presentado imputaciones de ese tipo contra periodistas en México. Al mismo tiempo, defendió la libertad de expresión “por encima de todo”, en un contexto de preocupación constante por la seguridad de la prensa en el país, considerado uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y el mundo.
La presidenta sostuvo que, de existir una conducta ilícita, esta debe diferenciarse claramente del trabajo informativo, y reiteró que corresponde a la autoridad estatal explicar las razones de la detención y las imputaciones.
“Pienso que la fiscalía de Veracruz tiene que aclarar, primero, por qué usa este delito que nunca se ha utilizado en México; segundo, garantizar la libertad de expresión por encima de todo; y tercero, si esta persona está detenida por algún delito que cometió, también tiene que explicarlo la fiscalía”, señaló.
Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, fue arrestado por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, la Fiscalía de Veracruz lo imputó como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
La detención del periodista fue condenada por la organización Artículo 19, que promueve y defiende la libertad de expresión y el acceso a la información.
“Casos como éste generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de alta violencia y donde operan redes de macrocriminalidad. El uso del sistema penal como represalia por la labor periodística es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, señaló la organización.