San José, 19 de diciembre. — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró responsable al Estado mexicano por la desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, al determinar que las autoridades incumplieron su deber de actuar con debida diligencia frente a un caso de violencia de género.
En la sentencia notificada este viernes, el tribunal concluyó que México violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de la joven, al no responder de manera oportuna y eficaz tras su desaparición.
Lilia Alejandra tenía 17 años, era madre de dos niños y trabajaba en una maquiladora. El 14 de febrero de 2001 salió rumbo a su empleo, pero nunca regresó a casa. Su madre, Norma Andrade, denunció la desaparición ante la policía, sin que las autoridades actuaran con la urgencia requerida.
Una semana después, el 21 de febrero, el cuerpo de la joven fue hallado en un terreno baldío. La autopsia determinó que murió por estrangulamiento manual, con evidencias de violencia sexual previa al homicidio.
La CorteIDH estableció que durante la investigación el Estado mexicano no aplicó un enfoque de género ni consideró los factores de vulnerabilidad que rodeaban el caso, como la edad de la víctima, su condición de madre joven y el contexto de violencia sistemática contra las mujeres en Ciudad Juárez.
Entre 2001 y 2010, el caso pasó por distintas fiscalías sin avances sustanciales. No fue sino hasta 2023 cuando se inició un proceso judicial contra un presunto responsable, procedimiento que aún continúa.
El fallo subraya que, al momento de los hechos, Ciudad Juárez vivía un contexto de violencia de género e impunidad generalizada, y que el Estado también es responsable por no prevenir ni atender adecuadamente las amenazas y ataques sufridos por Norma Andrade debido a su activismo como madre de una víctima de feminicidio.
Asimismo, la Corte reconoció como víctimas a los hijos de Lilia Alejandra, quienes sufrieron múltiples violaciones a sus derechos como consecuencia del crimen y de la falta de protección estatal.
El tribunal concluyó que México carecía entonces de una estructura institucional y normativa adecuada para enfrentar la violencia contra las mujeres, y que no cumplió con su obligación de prevenir, investigar, sancionar y erradicar este tipo de delitos con una diligencia reforzada.
Como parte de la sentencia, la CorteIDH ordenó al Estado mexicano, entre otras medidas:
- Continuar y profundizar las investigaciones del caso
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas públicas
- Elaborar diagnósticos normativos e institucionales para fortalecer una política integral contra la violencia de género y las desapariciones
- Implementar medidas de protección para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como para las madres de víctimas
El fallo representa un nuevo pronunciamiento internacional que vuelve a poner el foco sobre la violencia feminicida en México y la responsabilidad del Estado frente a estos crímenes.